PP y CIU se pusieron de acuerdo
de nuevo el 11 de abril. Esta vez no era sobre otro recorte, sino en el hecho
de abandonar la reunión del Consejo de Administración de RTVE para no tener que
tomar parte en el debate que los otros grupos querían abrir para decidir qué
hacer con las declaraciones homófobas del obispo de Alcalá de Henares, Juan
Antonio Reig Pla, durante el oficio de Viernes Santo que se retransmitió por La
2.
Esto fue lo que dijo el elemento:
“Quisiera decir una palabra a aquellas
personas que hoy, llevados por tantas ideologías, acaban por no orientar bien
lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niños que tienen atracción
hacia las parejas del mismo sexo”. Y añadió: “A veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen. O van a clubes
de hombres. Os aseguro que se encuentran en el infierno”.
Es decir, en un país cuya
constitución dice que es aconfesional, su televisión pública cede un espacio a
la Iglesia Católica y sólo a ella para que pueda llegar a sus feligreses y ésta
aprovecha para arremeter contra las personas homosexuales. Y para colmo,
personas que podrían y deberían actuar contra estas actitudes para cumplir con
la igualdad entre personas a las que están obligadas por la Constitución se
desentienden. Cualquier excusa es buena: no estaba en el orden del día, la
libertad de expresión, etc. Excusas de mal pagador, como diría el otro.
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