En junio del 2010 entró en vigor
el decreto ley que reformó la legislación laboral en España. Dicha reforma se
basaba, principalmente, en un nuevo tratamiento de las indemnizaciones por
despido. Digo tratamiento para intentar ser neutral pero de hecho era una
rebaja de las indemnizaciones. Junto a este decreto también se aumentó la edad
de jubilación a los 67 años. Con estas medidas se pretendía poner freno al
aumento de desempleados de España.
Pues bien, 16 meses después de esta nueva ley, el número
de desempleados ha pasado de 4.645.500 al final del segundo trimestre del 2010 (tasa
de paro del 20,09%) a 4.978.300 al final del tercer trimestre del 2011 (tasa de
paro del 21,52%). Es decir, el número de parados se ha incrementado en 332.800
personas.
Es obvio que la reforma no ha servidor para disminuir el
paro, tal y como se preveía si sólo ponemos énfasis en abaratar el despido. Si
yo fuera empresario, que no lo soy, no contrataría a una persona porque me sea
más barato echarla en el futuro sino, básicamente, porque la necesito. Es
decir, porque necesito producir más. Ahora bien, ¿cómo voy a tener que producir
más si cada vez hay más gente en el paro que, por lo general, limitará su
consumo?
Estas medidas, como muchas otras que se han aprobado, sólo
sirven para que cuando las cosas vayan mejor el empresario tenga más facilidad
de movimiento a costa de unos empleados que poco a poco van perdiendo derechos.
Fuentes:
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0210.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf
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